El congreso «Retos interdisciplinares en el entorno de la Industria 4.0» que se va a celebrar los días 22 y 23 de marzo y cuyo comité organizador preside el profesor de la UPCT Djamil Tony Kahale Carrillo va a tratar los cambios en las relaciones laborales que trae consigo la nueva revolución industrial. Sobre algunos de los más polémicos, se pronuncia el abogado y profesor del Máster de Abogacía en la Universidad de Mrcia Domingo Núñez Pérez.

¿Jurídicamente, son viables las propuestas de hacer tributar a las empresas por los robots con que cuenten dado que están detrayendo recaudación de los trabajadores a los que sustituyen?

En primer lugar, está por ver si esa tributación por el empleo de robots será necesaria.  Puede ser necesaria si efectivamente llega a producirse una destrucción de mano de obra no cualificada con la implementación de las nuevas tecnologías y esa mano de obra destruida no fuese capaz de reconvertirse hacia otros sectores productivos y seguir cotizando y generando rentas tributables que mantengan los niveles de recaudación de la Hacienda Pública y Seguridad Social.

De ser necesarias esas medidas fiscales y sociales, son varias las propuestas alternativas que se barajan: un impuesto único en función del valor (como el actual impuesto especial sobre vehículos), un impuesto sobre la renta imputada del trabajador al que sustituya el robot, o un impuesto a la automatización en  función de los beneficios empresariales y el número de empleados. 

En cualquier caso, hay posiciones disidentes que sostienen que esa tributación por el empleo de robots tendría un  efecto adverso de desincentivar su adquisición,  lo que sería contrario a la mejora de la productividad y al desarrollo tecnológico.   O que esa presión fiscal  fomentaría la deslocalización de empresas si las medidas impositivas no son adoptadas por todos los países y con similares niveles de fiscalidad.  Y  proponen como alternativa  reajustes fiscales con una tributación progresiva sobre las rentas más altas de trabajadores cualificados  que compense  la menor recaudación sobre las rentas  de los no cualificados y una precoz reconversión de los trabajadores no cualificados afectados hacia otros sectores.

Las nuevas plataformas digitales como Uber o Glovo han introducido una modalidad de relación entre la compañía y sus repartidores.  ¿ La tendencia es a que este modelo que la Justicia que ha considerado de falsos autónomos se replique a otros ámbitos o a que se corrija?

El fenómeno de los falsos autónomos como huida de la protección del Derecho Laboral  (sin cotización empresarial,  sin mínimo salarial, sin vacaciones ni permisos, sin riesgos de siniestralidad laboral ni acciones de prevención,  sin mejoras sociales,  ni indemnización por despido, etcétera)   ya estaba presente y muy extendido en los más variados sectores de la economía, como en el de los comerciales y agentes de seguros, en la sanidad y la enseñanza privada, entre las limpiadoras de comunidades de vecinos,  en el sector cárnico y en el sector de transportes de mercancías, por lo que ha sido muy abundante la casuística de actuaciones correctoras de la Inspección de Trabajo y de la Jurisdicción Social.

Ahora, el Ministerio de Trabajo,  la patronal y los sindicatos han acordado reformar el Estatuto de los Trabajadores dando acogida a los trabajadores de estas plataformas digitales, con la presunción general de su condición laboral salvo prueba en contrario de contratación real por cuenta propia, abordando así este particular sector pero sin afrontar el fenómeno fraudulento más general de los falsos autónomos cuyo desenmascaramiento y corrección se sigue confiando a la Inspección y a los juzgados.